La su intervención los prefectos, alzaron su voz de protesta por la deuda que tiene el Gobierno Nacional desde el 2016 en lo que refiere a transferencias de Riego y Drenaje, devolución del IVA con un monto de 214 millones de dólares a 9 provincias y por concepto de electrificación desde el año 2015 adeuda 116 millones de dólares a todas las provincias.
Rafael Dávila, vicepresidente del Congope, quien presidió esta reunión día conocer sobre los procesos generados para poder solicitar la deuda que sea transferida lo más pronto posible, tomando en cuanta que existen obras que se deben ejecutar con estos recursos.
Explicó que los sectores más afectados al no entregar los recursos son los rurales, porque al hablar del riego que se lo hace en el campo, los perjudicados son los campesinos que pueden obtener estos beneficios porque no hay recursos.
El Prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, solicitó que se proponga una reunión urgente con los actores como el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de la Política, para que puedan ser solucionados estos inconvenientes que perjudica a los más pobres, al referirse al sector campesino.
Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, dijo que han sido perjudicados en los recursos económicos y que con el gobierno anterior algunos prefectos hasta han sido perseguidos, y por afinidad les dieron algunos GADs provinciales dinero y a la mayoría nada, por eso hoy se debe buscar la solución a este problema.
Mientras tanto el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, fue enfático en manifestar que si la próxima semana en la reunión propuesta no se soluciona este inconveniente tomará con su provincia medidas radicales, porque no puede ser posible con todos los problemas que sucede se siga sin poder intervenir y ayudar a los carchenses.
De su parte el vicepresidente del Congope, Rafael Dávila, explicó que la posición de todos los prefectos ha sido firme e iniciar incluso acciones legales en caso de que el Gobierno no atienda los pedidos; por lo tanto, el martes 10 de julio, se ha pactado una cita con Richard Martínez Ministro de Finanzas y Paúl Granda, Secretario de la Política.
Finalmente expresó que es urgente reclamar, porque este no es dinero para los prefectos sino para los pobladores de las zonas rurales quienes viven una dura realidad; por lo tanto se espera llegar a un acuerdo firme, a través de acuerdos de creído u otras formas, porque no se puede permitirá abandonar a los pobladores.
Según resolución en próximo martes 10 de julio se reunirán los prefectos del país con el Ministro de Finanzas y el Secretario de la Política para resolver este inconveniente.
